Mientras el malestar social se expande en el país y se visibilizan algunas formas de radicalidad política antisistema, la respuesta desde la Presidencia de la República ha sido ir a fondo en la restauración autoritaria, prevista ya en las trincheras de la campaña presidencial y explícita en ciertos movimientos estratégicos desde Los Pinos, cuyo último episodio, impulsar al embajador Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refleja con preocupación que la burbuja presidencial sigue sin entender que no entienden.

¿Por qué Enrique Peña Nieto no puede dar un golpe de timón y hacer de la segunda parte de su mandato una ruta inequívoca de consolidación democrática? ¿Por qué se obstina en tomar un retorno y regresar a México a un presidencialismo autoritario? ¿Por qué el PRI es incapaz de gobernar el país con una clase política de talante democrático? ¿Qué ocurrió en el profesionalismo político de las camarillas priístas para convertirse en la kakistocracia más plena de los tiempos actuales?

Una parte de la explicación parece estar en el análisis de los enclaves autoritarios subnacionales. Ya desde el sexenio de Ernesto Zedillo se dio con el caso del gobernador Roberto Madrazo el primer intento de autonomía de un gobernador frente a la Presidencia de la República, pero no sería sino hasta la alternancia en el 2000 cuando los gobernadores de todos los partidos políticos alcanzarían, como señala Edward L. Gibson (2012. Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies. Cambridge: CUP), el control de los límites territoriales de sus estados.

Este control territorial se ha expresado básicamente en una suerte de resurgimiento de las facultades constitucionales y metaconstitucionales propias de la presidencia a las que se refería Jorge Carpizo, pero esta vez personificadas en los gobernadores. Después de 14 años de virreinatos en los estados los resultados son evidentes. Gobernadores han abusado de su poder endeudando desmesuradamente a sus entidades (caso Coahuila), se han enriquecido impunemente (Tabasco y Chihuahua), han ejercido acciones de represión desmedida (Estado de México, Puebla, Oaxaca), han vuelto las elecciones en un tercio de los estados de la república ejercicios simulados de competencia política. Unos como el gobernador priísta de Quinta Roo clona revistas críticas para volverlas a su favor y encierra en la cárcel a periodistas incómodos. Otros, como el gobernador de Puebla, Moreno Valle, que fuera candidato de una coalición PAN-PRD tiene a más de 40 presos políticos por su oposición a sus megaobras.

¿Qué está pasando en los estados en calidad democrática? ¿Por qué observamos que los gobernadores realmente no tienen contrapesos significativos a su poder? ¿Por qué les es relativamente fácil controlar a su congreso, a su poder judicial, a los medios de comunicación locales e inhibir las protestas ciudadanas?

Para responder a estas preguntas me apoyaré en un ejercicio que desde 2010 están haciendo la Fundación Konrad Adenauer, Coparmex y Polilat, llevando a cabo un índice de desarrollo democrático por entidades federativas. El último índice de desarrollo democrático publicado en 2014 correspondiente al ejercicio político de 2013 en México, los valores son los siguientes:

Tabla 1

Puntuaciones obtenidas por las 32 entidades federativas en las tres dimensiones del IDD-Mex y puntaje final

Para este ejercicio, los estados que tendrían el mayor desarrollo democrático serían Yucatán, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal y Guanajuato, mientras que los estados que muestran el más bajo desarrollo democrático son Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Durango, Estado de México y Michoacán.

Entre los estados que muestran más vigor democrático no deja de sorprender que aparezca Coahuila, uno de los estados dominados por el PRI desde 1929, con un alto grado de autoritarismo electoral al no presentarse condiciones de competencia partidista y, sobre todo, al estar gobernada los últimos dos sexenios por el clan de los hermanos Moreira, siendo el primero, Humberto, el que endeudó al estado utilizando información apócrifa en su congreso estatal y costándole políticamente la posición de Presidente del CEN del PRI que había alcanzado, una vez que terminó sus funciones de gobernador.

De los 7 estados deprimidos en el subdesarrollo democrático, tres estados presentan la condición de hegemonía priísta desde 1929 (Tamaulipas, Durango y Estado de México). Las restantes cuatro entidades han tenido al menos una alternancia. Dos estados llaman la atención: Estado de México y Puebla. El primero por ser el estado donde Enrique Peña Nieto preparó su candidatura presidencial. El segundo, tuvo alternancia con una coalición PAN/PRD y a la mitad del gobierno de Rafael Moreno Valle ya parece que superó con creces el autoritarismo de su antecesor Mario Marín, aún con su escándalo de represión a la periodista Lydia Cacho.

Con esta mirada incipiente para analizar los resultados del índice de desarrollo democrático, tan solo desde la variable de la alternancia en el poder, pareciera que es necesario ahondar en las razones que permiten a ciertas élites locales a mantener estilos autoritarios de gobierno, independientemente de si ha habido o no alternancia en el poder.

El “control de límites” en Puebla y el Estado de México

Gibson explica la pervivencia de los enclaves autoritarios subnacionales en nuevas democracias a partir de un concepto “boundary control” o “control de límites.” Menciona que el control de límites, es “la estrategia defensiva de las elites periféricas contra los avances culturales del centro. El control del número de actores involucrados en la lucha local por el poder, incrementando con ello la asimetría entre los gobernantes y la oposición (Gibson 2012).

Adicionalmente, Gibson señala que “los gobernantes subnacionales en cualquier contexto de relación centro-periferia buscan maximizar tres valores: control, autonomía, y posición de ventaja. Control sobre la política local, sus instituciones políticas y electorales. La combinación de esos valores tiende a determinar el balance de poder entre los actores nacionales y locales” (Gibson, 2012).

La hegemonía del PRI en Puebla se vio desafiada por un escándalo en que estuvo envuelto el gobernador Mario Marín Torres (2004-2010). La periodista Lidya Cacho en un trabajo periodístico vinculó al gobernador con una red de pederastia que eventualmente pudo haber financiado su campaña. Pero no sólo eso. El gobierno de Puebla secuestró a la periodista y sin ningún procedimiento legal la trasladó desde Quintana Roo a Puebla para ser sometida a tortura y amenazas.

La oposición y los medios de comunicación más críticos del PRI nacionalizaron el conflicto. El caso de Marín y Cacho llegó a la SCJN, y por un voto de diferencia, la Corte dejó sin responsabilidad al gobernador de violar las garantías individuales de la periodista. Esto sucedió en el año 2006, en el segundo año de ejercicio del gobernador. Al año siguiente, en las elecciones locales, el PRI arrasó al ganar la mayoría absoluta en el congreso local y la mayoría de los 217 municipios del Estado. El gobernador no había controlado sus límites políticos a nivel nacional, pero sí que había dado una cátedra de cómo controlarlos a nivel local a pesar de que para ese momento, junto al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, tenía la peor imagen en todo el país.

Sin embargo, en el año 2010 una alianza opositora PAN-PRD con un ex priísta, Rafael Moreno Valle, habría de capitalizar la nacionalización del conflicto años atrás y finalmente romper la hegemonía del PRI quien quiso seguir teniendo un “control de límites” poniendo el gobernador a un incondicional de candidato. El candidato del PRI finalmente habría de sucumbir por una diferencia de 13 puntos porcentuales, hasta ahora, el triunfo más holgado de la oposición a nivel subnacional.

A cuatro años de la alternancia en Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle construye una candidatura presidencial siguiendo el modelo de Peña Nieto: recursos multimillonarios en promoción personal en televisión, cuantiosos recursos en obras públicas, pero con un ejercicio gubernamental de control hacia el congreso del estado, el poder judicial, los medios de comunicación y los órganos que deberían ser autónomos como la comisión estatal de derechos humanos y el instituto estatal electoral.

El gobierno de la alternancia en Puebla tiene poco más de 40 presos políticos resultado de la represión y la criminalización de la protesta social, destacando el caso de Chalchihuapan, localidad en la que la policía estatal reprimió una manifestación con una nueva ley que se otorgó el ejecutivo estatal conocida localmente como “ley bala” y que autoriza a las fuerzas policiacas usar la máxima fuerza posible contra manifestantes. En dicha aplicación la policía mató a un joven de 13 años y provocó la intervención de la CNDH con sendas 11 recomendaciones que, hasta el momento que se escribe este artículo, el gobierno del Estado no ha cumplido.

El caso Moreno Valle ilustra que la segunda generación de gobernadores después del 2000 presentan condiciones de mayor control de límites en sus territorios, independiente del partido o coalición de partidos que gobiernen formalmente.

En contrapartida, en el Estado de México, la hegemonía del PRI se ha ratificado por seis años más para alcanzar 88 años de gobierno ininterrumpido. El ex gobernador Enrique Peña Nieto ejerció el “control de límites” a cabalidad. Tanto la oposición local como el entonces gobierno nacional del PAN estuvieron interesados en nacionalizar varios conflictos mexiquenses, la represión del movimiento social de Atenco en 2006, la alta tasa de feminicidios en el estado que llegó a superar a la de Ciudad Juárez, las inundaciones, la impartición politizada de la justicia, el control de las elecciones. Sin embargo, el gobernador en todos y cada uno de dichos conflictos supo controlar sus impactos con una estrategia adecuada de alianzas nacionales, evitó la fractura de la hegemonía del PRI en la entidad y ganó con ello la Presidencia de la República en 2012.

Durante el ejercicio del tercer año de gobierno federal, Peña Nieto está sufriendo las inclemencias de querer gobernar el país como gobernó el Estado de México. No son pocos los esfuerzos por confirmar la restauración autoritaria desde Los Pinos. A pesar de querer repetir el control político de la agenda, de la opinión pública y publicada, del control de la oposición a través del Pacto por México, primero, y de una clara imposición de la agenda del poder legislativo, los contrapesos desde la sociedad civil crecen y se amplían ante un gobierno que se enreda en sus conflictos de interés, en sus redes de corrupción y su impotencia por entender los desafíos de un país que desea más democracia y mayor dignidad ante el acoso del crimen organizado y la crisis sistemática de derechos humanos.

Sin embargo, las pulsiones políticas de la Presidencia de la República parecen acercarse al modo de ejercicio gubernamental de enclave autoritario cuando la burbuja de Los Pinos gobernó el Estado de México, que a un ejercicio propio de una democracia de baja intensidad que necesita profundizar la ruta de la consolidación. El problema es que tenemos una ausencia de liderazgo presidencial democrático y signos cada vez más ominosos de minar la poca autonomía que se había logrado en el Congreso de la Unión, la SCJN, el IFAI, el IFE-INE.

Los enclaves autoritarios subnacionales son importantes porque están significando posibilidades de aupar a sus titulares a la política nacional y en ella repetir el modelo de control de límites, pero esta vez, en todo el país. El grupo gobernante no entiende que no entiende porque el éxito del autoritarismo subnacional no les ha permitido creer en otra hoja de ruta. Para ellos democratizar deberá significar perder el poder. Se aferran al control de límites como una verdad sagrada.

No obstante la pregunta es si la sociedad civil mexicana y los contrapesos que se tejen por doquier se parecen a los que enfrentó EPN en el estado de México. Se ha dicho que México no es el estado de México. Las bazas están puestas. La trinchera en la coyuntura dibuja una ruptura fundante. O restauración autoritaria o contrapesos efectivos que construyan poliarquía.